viernes, 17 de octubre de 2008 | |

al límite entre el estado y la educación

¿Es posible pensar en un proyecto de mejoramiento del sistema educacional de una nación pasando por alto el lugar que el Estado deberá jugar en la provisión de la oferta educativa?
No, no es posible. Las razones son múltiples y podríamos enumerarlas de un modo desordenado y caótico de la siguiente manera:

1° Nadie que pretenda mejorar el "sistema de reproducción de valores, creencias, ideologías y de factores productivos así como del conocimiento oganizado", puede creer que es posible rescindir del Estado. La razón es que cualquiera sea la profundida de las propuestas, el Estado sólo podrá retroceder o aumentar su importancia en la provisión de tal servicio, por ello la honestidad de una propuesta tal obligaría a transparentar este punto de inicio.

2° La idea de que el mercado puede regularse -o desregularse incluso- por sí mismo es ilusoria, particularmente pensando en el sistema educativo de una nación. La primera prueba de ello es que la competencia perfecta en la oferta de un servicio como este, implicaría como condición ad limite: la libre movilidad de la oferta y la libre entrada de oferentes y demandantes así como la imposibilidad de imponer restricciones de ningun tipo. En la practica, las pruebas de acceso y la discriminación por credos religiosos o en el peor de los casos por capacidades de ingreso previas al sistema escolar privado violan tales principios

3° Toda opción de recualificación de la oferta educativa, supone un o unos actores involucrados que serán los depositantes de parte de los recursos de esta sociedad; algunos de esos recursos provendrán de las familias y otros no. Sobre los segundos, el Estado estará siempre obligado a pronunciarse respecto de esa provisión. De modo que toda decisión de recualificación debiera partir del puesto que ella le asigna al Estado en relación a esta segunda provisión.

4° Si una parte de los recursos de disposición de las familias que no pueden financiar el gasto de educación son entregados por el Estado, entonces estamos obligados a definir no sólo montos (cientos, miles, millones o trillones de pesos) sino además métodos de control y sobre esos controles la actual crisis financiera ya nos ha enseñado lo suficiente.

5° Si la propuesta de recualificación no supone cambios en los programas curriculares o las normas legales profundas, pero hace enfásis en los costos de los recursos humanos en la perspectiva de homogenizar salarios por competencia, es aún más obvio que ello no puede realizarse por arte de mercado, porque si hay algo que el mercado hace bien y lo hace naturalmente, es segregar los mercados del trabajo, particularmente en Educación.

Dicho aquello, es entonces menester reconocer que tanto si deseamos hacer retroceder al Estado o avanzarlo en la provisión de Educación, es sólo el Estado el que está en condiciones de hacerlo. La historia chilena reciente demuestra empíricamente que la imposición de un mercado todopoderoso y neoliberal no es el efecto del peso de la acción de las fuerzas del mercado per se, sino la acción reflexiva del retiro del Estado.

Creer que es posible avanzar en una propuesta seria, como aparentemente lo desean los y las que ahora apoyan la iniciativa 2020 de educación rodeando la discusión sobre el rol del Estado ex ante, es ilusoria o ingenua si hemos de pensar con transparencia.

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