La ley no es sólo la voluntad de la soberanía popular expresada del modo que la Constitución establece, la ley es ante todo y en todo lugar la expresión de la lucha política que sobre los tópicos jurídicos realizan los actores de la política.
La ley es en este sentido el retrato del estado de las fuerzas en acción, para bien y para mal, que se despliegan sobre la acción del legislador tanto desde dentro del campo mismo incluyendo a los juristas, como desde fuera de él, incluyendo la calle.
En una democracia entendida ella no sólo como el mero ejercicio retórico de un conjunto de procedimientos sino como el campo de acción de fuerzas diversas y opinantes, no hay actores políticos que puedan desacreditarse por sus objetivos, sino más bien por sus errores en los momentos decisivos.
La reciente aprobación de la Ley General de Educación es uno de esos momentos, y el Colegio de Profesores, en su fracaso parcial uno de ellos.
La aprobación de la Ley General de Educación constituye un avance parcial para quienes consideramos que el derecho de propiedad debe regirse al derecho de acceso y calidad; constituye un avance parcial para quienes consideramos inmoral el lucro empresarial en un área tan sensible para el desarrollo humano; y constituye un avance parcial para los que consideramos urgente construir una contraloría efectiva sobre los procesos y resultados de la educación financiada por el subsidio público. Pero al fin y al cabo, un avance sólo parcial.
¿Podríamos haber avanzado más en la dirección que nos parecía correcta? Es poco probable dado el estado de la lucha política, dado el estado famélico de los actores sociales de representación gremial-política y sobre todo dado el robusto estado del sector empresarial-escolar. Pero aún así, el saldo a mi modesto modo de ver las cosas, no es necesariamente negativo.
No es necesariamente negativo porque se cierra apenas el primer acto de la ley, quedando todavía abierto a la lucha política la redacción de los reglamentos de la ley; no se cierra negativamente porque entre otras cosas, el Colegio –a pesar de su fracaso inicial- ha demostrado un cierto nivel de fuerza que deberá cualificar en el siguiente acto para sumarse con más decisión y capacidad actoral en la discusión de los reglamentos para la ley. Pero sobre todo no es necesariamente negativo el saldo en tanto ha quedado abierto el espacio de discusión y por tanto de acción, cuestión que a todas luces representa una derrota para el sector empresarial.
Pero la aprobación representa también un fracaso parcial. Lo es en tanto que se queda con nosotros un modelo de gestión y propiedad único en el mundo cuyos resultados son más malos que el del sector municipal; un fracaso porque queda demostrada una cierta incapacidad de gestión dentro del Colegio de Profesores que no fue capaz de sensibilizar suficientemente a la opinión pública, representando esto último un lastre que pone en peligro la segunda escena de la que hablamos. Pero es también un fracaso porque demuestra a los ojos de cualquier observador la insuficiencia de las propias estrategias del colegio de profesores.
Si antes dijimos que la capacidad de movilización constituye un plus para enfrentar la segunda etapa, es necesario reconocer que la falta de contenidos pero sobre todo la carencia de una estrategia creativa y didáctica de socialización de las propuestas es una amenaza. Y es que digámoslo con todas sus letras, no hay otro actor fuera del Colegio, que esté en condiciones de llevar a cabo ese esfuerzo, por tanto, en sus estrategias y contenidos se juega buena parte del futuro de la educación pública en Chile.
¿Dónde debieran jugarse las próximas batallas? Me parece que hay dos escenarios claves de la última batalla: el primero estará puesto en la capacidad del Colegio de convocar a un proceso de vigilancia social, proceso que el mismo puede encabezar aprovechando expertices de observancia que ya están instaladas en la sociedad civil. El segundo, aún más importante es el escenario de la opinión pública; allí el Colegio ha sido malo, ha perdido consecutivamente las batallas no porque exista un bloqueo informativo o haya censura editorial sino sencillamente porque las estrategias del Colegio han sido malas.
Se cierra la primera etapa de un proceso que ha quedado abierto y por tanto será materia de una larga disputa política. Espero para el bien del país, que el Colegio de Profesores pueda articular una masa crítica más amplia, más extensa, más pluralista, que entienda de estrategias de comunicación. Los motivos sobran, pero sin duda el más mediático lo constituye el fin de la carrera docente.
La ley es en este sentido el retrato del estado de las fuerzas en acción, para bien y para mal, que se despliegan sobre la acción del legislador tanto desde dentro del campo mismo incluyendo a los juristas, como desde fuera de él, incluyendo la calle.
En una democracia entendida ella no sólo como el mero ejercicio retórico de un conjunto de procedimientos sino como el campo de acción de fuerzas diversas y opinantes, no hay actores políticos que puedan desacreditarse por sus objetivos, sino más bien por sus errores en los momentos decisivos.
La reciente aprobación de la Ley General de Educación es uno de esos momentos, y el Colegio de Profesores, en su fracaso parcial uno de ellos.
La aprobación de la Ley General de Educación constituye un avance parcial para quienes consideramos que el derecho de propiedad debe regirse al derecho de acceso y calidad; constituye un avance parcial para quienes consideramos inmoral el lucro empresarial en un área tan sensible para el desarrollo humano; y constituye un avance parcial para los que consideramos urgente construir una contraloría efectiva sobre los procesos y resultados de la educación financiada por el subsidio público. Pero al fin y al cabo, un avance sólo parcial.
¿Podríamos haber avanzado más en la dirección que nos parecía correcta? Es poco probable dado el estado de la lucha política, dado el estado famélico de los actores sociales de representación gremial-política y sobre todo dado el robusto estado del sector empresarial-escolar. Pero aún así, el saldo a mi modesto modo de ver las cosas, no es necesariamente negativo.
No es necesariamente negativo porque se cierra apenas el primer acto de la ley, quedando todavía abierto a la lucha política la redacción de los reglamentos de la ley; no se cierra negativamente porque entre otras cosas, el Colegio –a pesar de su fracaso inicial- ha demostrado un cierto nivel de fuerza que deberá cualificar en el siguiente acto para sumarse con más decisión y capacidad actoral en la discusión de los reglamentos para la ley. Pero sobre todo no es necesariamente negativo el saldo en tanto ha quedado abierto el espacio de discusión y por tanto de acción, cuestión que a todas luces representa una derrota para el sector empresarial.
Pero la aprobación representa también un fracaso parcial. Lo es en tanto que se queda con nosotros un modelo de gestión y propiedad único en el mundo cuyos resultados son más malos que el del sector municipal; un fracaso porque queda demostrada una cierta incapacidad de gestión dentro del Colegio de Profesores que no fue capaz de sensibilizar suficientemente a la opinión pública, representando esto último un lastre que pone en peligro la segunda escena de la que hablamos. Pero es también un fracaso porque demuestra a los ojos de cualquier observador la insuficiencia de las propias estrategias del colegio de profesores.
Si antes dijimos que la capacidad de movilización constituye un plus para enfrentar la segunda etapa, es necesario reconocer que la falta de contenidos pero sobre todo la carencia de una estrategia creativa y didáctica de socialización de las propuestas es una amenaza. Y es que digámoslo con todas sus letras, no hay otro actor fuera del Colegio, que esté en condiciones de llevar a cabo ese esfuerzo, por tanto, en sus estrategias y contenidos se juega buena parte del futuro de la educación pública en Chile.
¿Dónde debieran jugarse las próximas batallas? Me parece que hay dos escenarios claves de la última batalla: el primero estará puesto en la capacidad del Colegio de convocar a un proceso de vigilancia social, proceso que el mismo puede encabezar aprovechando expertices de observancia que ya están instaladas en la sociedad civil. El segundo, aún más importante es el escenario de la opinión pública; allí el Colegio ha sido malo, ha perdido consecutivamente las batallas no porque exista un bloqueo informativo o haya censura editorial sino sencillamente porque las estrategias del Colegio han sido malas.
Se cierra la primera etapa de un proceso que ha quedado abierto y por tanto será materia de una larga disputa política. Espero para el bien del país, que el Colegio de Profesores pueda articular una masa crítica más amplia, más extensa, más pluralista, que entienda de estrategias de comunicación. Los motivos sobran, pero sin duda el más mediático lo constituye el fin de la carrera docente.
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