La regulación de los medios aparece durante el desarrollo de toda crisis económica como una necesidad acuciante del período. La idea de un Estado benefactor en cuyo gasto se refugian las esperanzas de recuperación de la demanda, seducen incluso hasta al más liberal, en todo orden de cosas.
Esta crisis, a diferencia de otras que hemos visto desarrollarse, parece poner en jaque al orden global porque es desde su seno y a partir de sus reglas que se desarrolla. Pero sobre todo porque es la expresión bursátil –y productiva por extensión más que por naturaleza- de un empantanamiento institucional de la propia globalización. La banca rota teórica del Fondo Monetario; la quiebra total de los activos de la Organización Mundial de Comercio; y el default de las recetas del Banco Interamericano, son prueba de ese estancamiento en las estrategias globalizadoras del capital. Baste observar el silente murmullo de sus activos intelectuales para notar desde el silencio, no la derrota pero sí al menos el atraso.
Desplegado así el escenario, en materia educativa, la vuelta de la Política y el Estado parecerían no tener contrapeso, ni teórico, ni político.
Coherentemente la reciente Ley General de Educación y su cadena legislativa posterior (Ley de fortalecimiento de la carrera docente, ley de calidad de la educación pública, reglamentos de aplicación de las leyes en cuestión), parecen haber abierto un campo de batalla político nuevo, en un escenario totalmente novedoso.
¿En qué consiste la novedad?.
En primer lugar, para bien o para mal, una vuelta de página de la vieja LOCE ha sepultado la historia pinochetista. Quedan las huellas profundas del sistema perverso de subvencionados particulares y la flexibilidad laboral instalada por la fuerza del “Consenso Concertacionista-Aliancista” al mercado del trabajo docente, pero concordemos que ello sigue siendo una materia de la futura lucha política.
Pero en segundo lugar, el dato más auspicioso, lo constituye sin duda el marco político en el que esa lucha se estará desarrollando en los próximos meses y quizás años: el ordenado panorama binominal, se está descomponiendo por la fragmentación de los actores políticos. Y este, no sería sino la expresión más precoz de la desarticulación natural del consenso conservador.
Nadie sabe con certeza hasta donde llegará este nuevo período de la lucha política, pero podemos apostar con seguridad, que si la fragmentación cuaja en proyectos políticos de mayor perfil, la lucha por el retorno a la educación pública podría darnos algunas sorpresas.
Por de pronto, es obvio que en la responsabilidad de los actores “alternativos” descansa la posibilidad de poner temas novedosos tanto curricularmente como organizativamente hablando sobre nuestro sistema educativo. Terminar con la municipalización a través de un sistema centralizado de administración provincial o regional, centralizar el currículo en tópicos más sólidos, incluir elementos de paridad en las pruebas de acceso a la universidad, fortalecer el rol de la futura contraloría de educación, otorgar más poderes de control y eficacia a las inspectorías educacionales, controlar por la vía de la ley universitaria futura la oferta de formación docente, elevar los indicadores de calidad para certificar universidades, hacer permanente la certificación universitaria para las facultades de educación, elevar el salario docente, perfeccionar los mecanismos de evaluación, construir una carrera docente sólida que premie el mérito más que la antigüedad, racionalizar las plantas profesionales, aumentar el gasto en infraestructura directa a través de la administración provincial y regional, fijar plantas de la administración, etcétera, son tareas del programa de gobierno de quien quiera colocar los temas nuevos, que de viejos ya sufren de alzheimer social.
0 comentarios:
Publicar un comentario